*Marko Cortés pide no desacreditar un informe del Comité de las Naciones Unidas sobre el tema
JUAN GARCÍAHEREDIA
Mientras el Gobierno de México rechazó un informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en el país, “por ser tendencioso”, el senador panista Marko Cortés dijo que en lugar de desacreditar la determinación de este organismo “debemos de recibirla con seriedad”.
El legislador recordó que dicho Comité ha dado a conocer su decisión en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED/C/MEX/A.34/D/1), a través de la cual solicita al secretario general de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, con la finalidad de que esta considere medidas de apoyo al “Estado Parte” en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este grave crimen.
“Esta decisión llega en un momento en el que vivimos un incremento sostenido de la violencia que ha dejado un saldo trágico de víctimas mortales y de personas desaparecidas. Además, es importante resaltar que recientemente organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado fallas en la metodología, exclusión de víctimas y riesgo de subregistro y que se reduce la crisis a trámites administrativos, lo cual genera una percepción distorsionada de la magnitud del problema”, resalta el representante popular del Partido Acción Nacional (PAN).
“Actualmente -añade-, las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, junto con el constante hallazgo de fosas clandestinas, revelan una crisis que sigue desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades”.
Hizo un llamado para que México como “Estado Parte” de la Convención abra un espacio de colaboración y cooperación técnica con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y con los mecanismos especializados de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en el cual participen expertos independientes, sociedad civil y víctimas. “Lo anterior -recalcó- con la finalidad de identificar causas estructurales, los patrones de impunidad y los vacíos institucionales que a lo largo de los años han permitido que esto se haya incrementado”.
Sin embargo, un “comunicado conjunto” difundido por la Secretaría de Gobernación, dice: “México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”.
Por su lado, Marko Cortés subrayó lo siguiente: “En lugar de desacreditar esta determinación del Comité, debemos de recibirla con seriedad y con la convicción de que los organismos internacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento y la exigencia de estándares mínimos a todos los Estados Parte”.
