*Es una planteamiento en la Cámara de Diputados
JUAN GARCÍAHEREDIA
Al resaltar que la violencia contra las personas adultas mayores en México es un fenómeno grave y sistemático, información cameral destaca una iniciativa para sancionar esta situación hasta con cinco años de prisión.
Así pues, se explica que, a fin de tipificar el delito de violencia a personas adultas mayores y establecer una pena de nueve meses a cinco años de prisión y sanción de 95 a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el diputado morenista Gabino Morales Mendoza impulsa una iniciativa.
“El documento, que adiciona el artículo 343 Quinquies del Código Penal Federal, establece que cometerá este delito quien lleve a cabo cualquier maltrato, castigo corporal, cruel, abusivo, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial y económica”, revelan datos de la Cámara de Diputados.
El propósito, señala la propuesta de reforma enviada a la Comisión de Justicia, es atender la salud mental y física de las personas adultas mayores.
Refiere que, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población de 60 años y más supera los 17 millones de personas, lo que corresponde a alrededor de 14 por ciento de la población nacional, tendencia que seguirá en aumento dado el proceso de envejecimiento demográfico.
“Pese a las contribuciones sociales, culturales y productivas que han realizado a lo largo de su vida, miles de personas adultas mayores enfrentan diariamente situaciones de violencia y maltrato que vulneran sus derechos humanos fundamentales, y atentan contra su dignidad, integridad física y salud emocional”, añade la información.
Frente a eso, se está planteando en la Cámara de Diputados tipificar el delito de violencia a personas adultas mayores. Y se destaca que “cometerá este delito quien lleve a cabo cualquier maltrato, castigo corporal, cruel, abusivo, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial y económica”.
