*Advierte que sin periodismo libre no puede haber transición democrática
*Pide levantar el bloqueo informativo que está impuesto, entre otras cosas
JUAN GARCÍAHEREDIA
Se está excluyendo la libertad de expresión y prensa en el actual proceso de transición política de Venezuela, según informes revelados este 18 de marzo de 2026 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual advirtió que de esa forma no puede existir democracia.
Así pues, la SIP expresó su profunda preocupación ante la exclusión de las libertades de expresión y de prensa de la agenda pública en el actual proceso de transición política en Venezuela, y exhortó a que se adopten, con carácter urgente, medidas concretas que garanticen el ejercicio pleno, libre e independiente del periodismo.
Advirtió que la omisión de estos derechos fundamentales en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas constituye una señal alarmante que compromete la viabilidad de una transición democrática genuina.
En el contexto excepcional que atraviesa el país desde el 3 de enero (cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, en Caracas), la SIP subraya que, sin periodismo libre, ninguna transición democrática puede consolidarse de manera real, legítima y sostenible.
PLANTEAMIENTOS PARA LA LIBERTAD
La agrupación insta a las autoridades de transición, con el auspicio de los organismos intergubernamentales de promoción y defensa de la libertad de prensa y la comunidad internacional, a adoptar, de manera oportuna, las siguientes medidas:
“El levantamiento del bloqueo informativo, actualmente impuesto por el ente regulador CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) en coordinación con operadoras de telecomunicaciones, que restringe el acceso a más de 60 portales de noticias nacionales e internacionales, entre ellos El Nacional, CNN en Español, Infobae y NTN24, en un contexto en el que el periodismo independiente opera mayoritariamente en entornos digitales.
“El otorgamiento de garantías jurídicas y personales para periodistas perseguidos, incluyendo el cese inmediato de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización del ejercicio periodístico. Cientos de periodistas y trabajadores de prensa han sido forzados al exilio como consecuencia de estas prácticas.
“La restitución del derecho a la identidad y a la movilidad, frente a restricciones administrativas que impiden a periodistas obtener documentos oficiales o regresar al país. La negación de trámites por parte de organismos estatales, bajo alegatos infundados, constituye una forma de persecución indirecta.
“La devolución de bienes y medios confiscados, incluyendo sedes, equipos y frecuencias, en casos que representan formas de censura patrimonial. Estas prácticas han debilitado gravemente el ecosistema informativo y deben ser revertidas como parte de cualquier proceso de normalización institucional. El diario El Nacional, por ejemplo, fue despojado de sus instalaciones mediante un proceso judicial amañado que derivó, además, en la confiscación de una vivienda perteneciente a familiares de su propietario Miguel Henrique Otero, en abierta violación del derecho de propiedad.
“La protección integral al ejercicio periodístico, frente a amenazas provenientes tanto de actores estatales como de grupos irregulares. El periodismo continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo que desalienta el retorno de profesionales y restringe el derecho ciudadano a estar informado.
“La garantía de que los periodistas recientemente liberados tras detenciones arbitrarias puedan ejercer plenamente su labor, sin restricciones, sin cerco informativo y sin ningún tipo de limitación o represalia. La liberación debe ir acompañada del pleno restablecimiento de sus derechos profesionales y civiles”, puntualiza la SIP.
