*Petistas plantean reformar el Código Penal Federal
JUAN GARCÍAHEREDIA
Proponen en el Senado mexicano hacer modificaciones al Código Penal Federal para tipificar expresamente el racismo, con sanciones de hasta tres años de prisión, a fin de fortalecer la respuesta del Estado frente a una problemática que “continúa presente en la vida social’, según informes oficiales revelados este mes de junio de 2026.
Así pues, mediante una iniciativa que adiciona un nuevo Capítulo II denominado Racismo, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya, buscan dotar al marco penal de herramientas claras que permitan reconocer, prevenir y sancionar el racismo como una conducta específica, diferenciada de otras formas de discriminación.
Asimismo, establecen los alcances del racismo incorporando como conductas sancionables aquellas expresiones, actos o manifestaciones que, por razón de color de piel, origen étnico o racial, condición social, nacionalidad o lengua, tengan por objeto o resultado menoscabar la dignidad de una persona o grupo.
Conforme a las referencias oficiales, la iniciativa presentada al Senado de la República propone sancionar a quien cometa actos de racismo con uno a tres años de prisión o trabajo en favor de la comunidad, días multa, reparación integral del daño y medidas de reeducación en derechos humanos.
Y en el caso de que quien realice conductas racistas sea servidor público se le aumentará en una mitad la pena prevista, así como la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por un lapso de cinco años.
De acuerdo con datos facilitados, la senadora Liz Sánchez señaló en la tribuna que aunque en México se reconoce la discriminación como una conducta sancionable, aún presenta limitaciones para atender de manera específica las distintas formas en que esta se manifiesta en la realidad social.
“En particular, la ausencia de una tipificación clara del racismo dificulta su identificación y sanción, lo que genera un margen de interpretación que puede traducirse en omisiones o respuestas institucionales insuficientes”, expuso.
“La importancia de esta iniciativa radica en su capacidad para fortalecer la respuesta del Estado frente a una problemática que continúa presente en la vida social, cerrando vacíos normativos y enviando un mensaje claro de que el racismo no será tolerado”, mencionó.
