*Es por el decreto que declara “secreto de Estado” información vinculada a organismos de inteligencia y seguridad
JUAN GARCÍAHEREDIA
Tras un decreto del Gobierno de Costa Rica que declara “secreto de Estado” una amplia gama de información vinculada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite de este país, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que esto podría obstaculizar la labor periodística.
De acuerdo con la agrupación, la medida, decretada el 10 de agosto por la presidenta Laura Fernández, comprende información sobre operaciones policiales y de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos, planes de seguridad, presupuestos, gastos y contrataciones públicas, además de documentos, reuniones, acuerdos y otros archivos de estos tres organismos de seguridad. El decreto, que tiene efecto inmediato, fue publicado en el diario oficial La Gaceta.
Así pues, la SIP manifestó su preocupación por dicho decreto y advirtió que una disposición de tal amplitud podría obstaculizar la labor periodística y restringir el acceso a información de interés público, con consecuencias para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó en un comunicado: “Reconocemos que los Estados pueden proteger información cuya divulgación pueda poner en riesgo operaciones de seguridad, funcionarios o terceros. Sin embargo, la clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública”.
“Observamos con especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos”, agregó Pierre Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.
Abogados y expertos consultados por medios costarricenses cuestionaron la constitucionalidad y el alcance de la medida que sostienen, debería estar respaldada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y no únicamente por un decreto ejecutivo. Entre otros aspectos, señalaron que Costa Rica carece de una legislación específica que regule de manera clara las declaratorias de secreto de Estado. Advirtieron que no toda la información relacionada con inteligencia o seguridad puede clasificarse automáticamente como secreto de Estado y recomendaron a periodistas y ciudadanos recurrir a la Sala Constitucional para que determine si el decreto se ajusta a la Constitución, dice la SIP.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, consideró como “preocupante que el decreto imponga un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas con estos organismos, con posibles sanciones por divulgar o compartir información clasificada”.
Los directivos de la SIP exhortaron a las autoridades a distinguir claramente entre la información operativa cuya reserva pueda estar justificada por razones de seguridad y aquella relacionada con presupuestos, contrataciones, uso de recursos públicos y actuaciones administrativas, que debe permanecer sujeta a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
