Esta nueva ley de Derecho de las audiencias, que pretende imponer la aplanadora morenista tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República es para poner una mordaza a los medios de comunicación que no comulgan con el gobierno de la Cuarta Transformación, donde algunos de sus gobernadores en funciones como Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, han sido acusados por el gobierno de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con los cárteles del narcotráfico, por lo cual los medios han cuestionado la detención del ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel, a quienes sus detractores acusan de huachicolero.
Al respecto cabe señalar que el juez de carrera Mario Elizondo Martínez, negó a la “Fiscalía General de la República” (FGR) la orden de aprehensión contra Ruffo Appel porque el Ministerio Públoico no aportó pruebas suficientes, ante lo cual la parte acusadora, luego de reunir las pruebas adicionales que según aportaría, no las presentó ante el Juez Elizondo Martínez, conforme a derecho, sino que retiró el expediente y lo llevó ante una de las llamadas juezas del acordeón, Alejandra Ramírez de la Vega, quien sí concedió el arresto y dictó la llamada prisión preventiva oficiosa, lo que en el sector privado de México ha causado profunda indignación y algunos empresarios ya se han pronunciado contra la aplicación desigual de la justicia.
Uno de los inconformes es el empresario Ricardo Salinas Plego, quien en un video que circula en redes sociales, está convocando a la población a una insurrección pacífica vía el no pago de impuestos, toda vez que en México se ha perdido el estado de derecho y prevalecen las imposiciones del Ejecutivo Federal y por eso porque la prensa crítica se basa en la difusión de hechos concretos y no simples suposiciones, el Estado pretende imponer esta ley mordaza de derecho de las audiencias, que no es otra cosa que institucionalizar en el país un régimen de represión y la creación de una dictadura.
