*La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos
JUAN GARCÍAHEREDIA
Se plantea en el Senado mexicano castigar hasta con 12 años de prisión a los delincuentes conocidos como “montachoques”, que provocan o simulan accidentes de tránsito para intimidar a las víctimas y exigir pagos inmediatos por supuestos daños, aprovechando la confusión, el miedo y la presión psicológica.
Así pues, la senadora petista Geovanna Bañuelos propuso modificar el Código Penal Federal para castigar la acción de provocar intencionalmente hechos de tránsito con fines de extorsión, conocido como ‘montachoques’.
Mediante una iniciativa que busca adicionar un nuevo Capítulo VII, denominado “De la Provocación Intencional de Hechos de Tránsito con Fines de Extorsión”, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) plantea que se reconozca esta modalidad delictiva como un tipo penal autónomo y dotar a las autoridades de herramientas jurídicas específicas para combatirla.
Además, se propone imponer de cinco a 12 años de prisión, además de 500 a mil 500 días multa, a quien de manera dolosa provoque o simule un accidente vial con el propósito de obtener un beneficio económico indebido mediante intimidación, engaño, presión psicológica o violencia.
Y se contempla agravar las penas hasta en una mitad cuando participen dos o más vehículos, se utilicen armas u objetos peligrosos, se prive de la libertad a la víctima, se altere la escena del incidente, la víctima pertenezca a un grupo en condición de vulnerabilidad o el delito sea cometido por una organización criminal.
Y se establece la destitución e inhabilitación de cinco a 10 años para los servidores públicos que participen o faciliten estas conductas, de acuerdo con información senatorial.
Conforme a la legisladora, esta modalidad delictiva ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno recurrente que afecta no sólo el patrimonio de las personas, sino también su libertad, integridad física y seguridad, además de generar desconfianza en el espacio público y poner en riesgo la movilidad vial.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su análisis y posterior dictamen.
