Desde hace más de una década, el estado de derecho prácticamente ha estado ausente de México, la vulgar detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, revela a un gobierno dictatorial y a una policía sin preparación y sin el menor respeto por los derechos humanos, lo que confirma que en el país prevalece no sólo la inseguridad física, sino también la jurídica, económica y política, porque mientras el ex primer mandatario estatal surgido de un partido de oposición distinto al Revolucionario Institucional, es aprheendido como si fuera el enemigo público número 1, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, perteneciente, al Partido Morena, quien es reclamado por el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de tener vínculos con los cárteles del Narcotráfico, éste goza de la protección de más de 50 elementos de elite del Ejército Mexicano.
Esto, por supuesto, con el claro fin de evitar que, en cualquier momento a Rocha Muya lo saquen del país por extracción furzada, como ocurrió con el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y con el supremo líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en tanto que los peces gordos del huachicol fiscal que además están plenamente identificados, gozan de libertad plena, no obstante que sobre sus hombros pesan contundentes pruebas que ha pasado por alto la justicia mexicana, pero no la de los Estados Unidos. Si esto que menciono con justa indiganción no es justicia discrecional, entonces, ¿cómo se le puede llamar?
Quienes somos periodistas críticos henos sido perseguidos, primero por los gobiernos del PRI y ahora por los de Morena, muchos de nuestros compañeros han sido asesinados por el solo hecho de cumplir con su trabajo periodístico, ya sea al prestar nuestros servicios para un medio de comunicación, o en forma independiente como quien esto escribe, así que no nos podíamos quedar callados ante una detención tan arbitraria como la que vimos, a un troglodita sin escrúpulos con placa de policía, sujetando por la cabeza a un hombre de la tercera edad, sin el menor respeto por sus derechos humanos, y lo digo no por apoyar a Ruffo Appel, pues serán finalmente los jueces quienes determinen su situación jurídica, siempre y cuando estos no sean de consigna, porque con un Poder Judicial de la Federación, sumiso al Ejecutivo Federal, cualquier cosa se puede esperar.
Ahí va otro eslabón más, recientemente, apenas el pasado mes de abril, la jueza Diana Isabel Ivers, ordenó la liberación del maquinista Felipe de Jesús Díaz Gómez, y de su asistente, Ricardo Mendoza Cerón, luego de que las víctimas optaran por un acuerdo reparatorio de los daños sufridos por la empresa ferroviaria, sólo tres meses antes de que se registrara el segundo descarrilamiento del Tren Interoceánico, que además la presidenta de la República, niega.
En México, la justicia parece tener rieles selectivos y además torcidos: avanza con velocidad cuando se trata de figuras políticas visibles, pero se detiene en seco frente a la responsabilidad técnica de quienes construyen obras públicas. El descarrilamiento del Tren Interoceánico no es un accidente aislado, sino la consecuencia de decisiones negligentes que permanecen impunes, mientras se exhibe la detención de un exgobernador como prueba de que “sí se actúa” cuando en realidad es todo lo contrario.
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