*Deben esclarecer sus posibles impactos ambientales, sociales y de derechos humanos
JUAN GARCÍAHEREDIA
Ningún proyecto industrial puede colocarse por encima del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, ante lo cual hay solidaridad con mexicanos que se oponen a la construcción de una planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo del estado de Sinaloa, hasta que sea revisado el plan.
Lo anterior es según informes revelados por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), la cual expresó su solidaridad con las comunidades, habitantes, pueblos Mayo-Yoreme, pescadores, ambientalistas, organizaciones sociales y activistas de Topolobampo, Sinaloa, que han manifestado su oposición a la construcción y operación del proyecto de la “Planta de Amoniaco 2200 TMPD” y demandan que se detenga mientras son esclarecidos plenamente sus posibles impactos ambientales, sociales y en materia de derechos humanos.
“La CIDHPDA reconoce que el desarrollo económico y la inversión son legítimos cuando se realizan bajo estricto respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos”, resaltó el organismo en voz de su presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez.
“Sin embargo -aclara el organismo-, ningún proyecto industrial puede colocarse por encima del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, del derecho a la salud, del derecho de acceso a la información y del derecho de las comunidades a participar efectivamente en las decisiones que puedan afectar su territorio, su patrimonio, sus actividades productivas y su calidad de vida”.
LLAMADO A SHEINBAUM
Así pues, la CIDHPDA hace un llamado “serio, respetuoso y firme” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “para que su Gobierno garantice que cualquier decisión relacionada con la Planta de Amoniaco de Topolobampo sea tomada bajo los más altos estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos”.
Entre otras cosas, dicha comisión exige que sea garantizada una revisión integral, independiente y transparente de los posibles impactos del proyecto sobre la salud, el medio ambiente, los recursos naturales y las actividades económicas de las comunidades; asimismo “garantizar la publicación y acceso efectivo a toda la información técnica, ambiental y de seguridad relacionada con el proyecto”.
