La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiróz, viuda del presidente municipal asesinado, Carlos Manzo, acusó que la quieren quitar de enmedio como a su marido pus las encuestas recientes la colocan por encima de cualquier candidato del partido MORENA, y al respecto cabe señalar que días antes el propio Carlos Manzo había grabado un video en el que denunciaba que si algo le pasaba, el responsable de su muerte sería Leonel Godoy, hermano de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy.
La denuncia de Quiróz “se produce en un ambiente marcado por la desconfianza hacia las instituciones de justicia. La Fiscalía estatal ha solicitado que entregue los celulares de su esposo, Carlos Manzo, como parte de la investigación, pero en redes sociales se acusa tanto a la FGR como a la Fiscalía Geneal de Michoacán FGM de ser “lavadoras de delitos”. Esta percepción ciudadana refleja la falta de credibilidad en las fiscalías, pues se considera que más que buscar la verdad, operan para encubrir a los poderosos. En este contexto, la exigencia de los teléfonos celulares se interpreta más como una advertencia a los posibles autores intelectuales que como un paso real hacia la justicia”.
Resulta digno de atención que la ex secretaria particular de Carlos Manzo haya decidido ampliar su declaración nueve meses después del asesinato. Este retraso, lejos de fortalecer la investigación, abre dudas sobre la asesoría que pudo recibir de actores vinculados al caso. En un contexto donde las fiscalías son señaladas como “lavadoras de delitos”, la credibilidad de estas nuevas versiones se ve seriamente cuestionada, pues parecen responder más a intereses políticos que a la búsqueda de verdad.
Resulta llamativo que la ex secretaria particular de Carlos Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, haya decidido ampliar su declaración nueve meses después del asesinato. Este retraso, lejos de fortalecer la investigación, abre dudas sobre la asesoría que pudo recibir de actores vinculados al caso. Su cercanía con el alcalde le daba acceso privilegiado a información sensible, pero ahora su testimonio tardío parece responder más a intereses políticos que a la búsqueda de verdad. En un contexto donde la Fiscalía de Michoacán es señalada como “lavadora de delitos”, la credibilidad de estas nuevas versiones se ve seriamente cuestionada.
Más allá de las amenazas y de las pruebas que apuntan hacia figuras de poder, ciertos sectores han intentado desviar la atención con insinuaciones sentimentales que buscan ligar a Grecia Quiróz con uno de los acusados. Esa estrategia no solo es monstruosa, sino que constituye una forma de revictimización: pretende reducir una denuncia política y judicial a un chisme personal, diluyendo la gravedad del caso y protegiendo a quienes deberían ser investigados.
El caso Manzo–Quiróz no solo expone la violencia política en Michoacán y el interés del crimen organizado en que Morena continúe gobernando, sino también la fragilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Entre denuncias directas contra figuras de poder, fiscalías señaladas como “lavadoras de delitos” y testimonios tardíos que parecen asesorados, la verdad se diluye en un laberinto de intereses. Lo que está en juego no es únicamente la vida de una alcaldesa, sino la credibilidad del Estado frente a un pueblo que exige justicia real y no simulada, y cuya respuesta se reflejará en las urnas en las elecciones de 2027.
La imagen que acompaña este texto fue creada con inteligencia artificial producida por Copilot como recurso visual. El contenido, la investigación y el análisis son trabajo periodístico original de Encuentro Vital.
