*En el 2024 fueron mil 590 casos; para 2024 subieron a seis mil 791 los registros
*Senadores petistas piden reformar el Código Penal Federal contra este problema
JUAN GARCÍAHEREDIA
En México la usurpación de identidad se disparó alrededor del 327 por ciento, pasando de mil 590 casos en 2024 a seis mil 791 en 2025, según informes de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en el Senado.
En medio de esa versión, el Grupo Parlamentario del PT (GPPT) en ese organismo colegiado propuso diversas modificaciones al Código Penal Federal, a fin de tipificar la suplantación de identidad por cualquier medio, con miras a “proteger el patrimonio, la seguridad jurídica y la reputación de las personas”.
En base a datos facilitados por esa fracción, en un documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, los integrantes del GPPT destacaron que “los casos de suplantación y robo de identidad en México aumentaron hasta un 84 por ciento y la usurpación de identidad se disparó un 327 por ciento, pasando de mil 590 en 2024 a seis mil 791 registros en 2025, de acuerdo con la Dirección General Científica Unidad de Órganos Especializados de la Guardia Nacional”.
Asimismo, cerca del 44 por ciento de los mexicanos han sido víctimas de intentos de estafa derivados de estas prácticas, principalmente dirigidas a la obtención de beneficios económicos y contratación de productos financieros, señala la información.
“Este delito, que en conjunto genera millones de pesos en pérdidas financieras, se concentra principalmente en fraudes de comercio digital, créditos no reconocidos y clonación de chips (SIM Swapping)”, se advierte en un comunicado del PT.
PIDEN UN NUEVO CAPÍTULO EN EL CÓDIGO PENAL
Así pues, mediante una iniciativa que busca reformar el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, las legisladoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky, Ana Karen Hernández y el senador Alberto Anaya plantean incorporar un nuevo capítulo denominado “Suplantación de Identidad”.
La propuesta define la suplantación de identidad como la conducta en la que una persona se atribuye la identidad de otra o actúa con el consentimiento de ésta para suplantarla, con fines ilícitos que generan daños económicos, administrativos y morales de gran alcance, indica la información de prensa.
Aclara que, la iniciativa presentada a la Comisión Permanente establece una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 400 a 800 días multa, además de la reparación del daño que corresponda para quien cometa el delito descrito.
“Cuando la víctima sea un servidor público o se utilice información a la que se tenga acceso por el empleo, cargo, comisión, profesión, oficio o actividad; o cuando la víctima sea adulto mayor, persona con discapacidad, menor de edad o carezca de capacidad para comprender el hecho o para resistirlo, la pena podrá aumentarse hasta en un 50 por ciento de lo ya establecido”, resalta la propuesta.
