*Presentan en la Cámara de Diputados reformas para abatir el plagio y explotación de sus artesanías y otras obras
Por Redacción EV
En México las creaciones de los pueblos originarios son objeto de plagio y explotación por parte de terceros que lucran con ellas sin respeto y sin reconocimiento de los derechos de sus creadores, según datos revelados en la Cámara de Diputados mexicana.
Frente a ese problema, la diputada pevemista, Ruth Maricela Silva Andraca, presentó una iniciativa para proteger, reconocer y garantizar los derechos de autor de los pueblos originarios sobre sus expresiones culturales.
De acuerdo con información cameral, la propuesta es para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, donde se establece que las comunidades indígenas serán reconocidas como titulares colectivas de los derechos morales sobre las artesanías, expresiones culturales y obras artísticas derivadas de su patrimonio cultural inmaterial.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados para su análisis, indica que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, explotación, distribución o cualquier otra forma de utilización de artesanías, obras artísticas o expresiones culturales derivadas del patrimonio de las comunidades indígenas, sin la autorización previa, libre e informada de la comunidad creadora. «Esta autorización deberá ser otorgada de manera colectiva y conforme a sus sistemas normativos internos».
«A quienes reproduzcan, comercialicen, distribuyan o utilicen artesanías indígenas, diseños, símbolos o técnicas tradicionales sin la autorización previa, libre e informada de la comunidad titular, se le impondrá una multa equivalente al triple de los ingresos obtenidos por el uso indebido o, en su defecto, hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización», conforme a la proposición.
Entre otras cosas, agrega que en casos graves que impliquen un impacto significativo en el patrimonio cultural de la comunidad, se podrá aplicar prisión de dos a cinco años, conforme a las disposiciones penales aplicables.
