De modo por demás violento alrededor de 400 policías anti motines con el apoyo de tanquetas y otros vehículos blindados rompieron las rejas y se introdujeron en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, la capital peruana, para desalojar a los manifestantes que llegaron ahí desde el miércoles pasado y que supuestamente habían participado en la marcha de la denominada Toma de Lima.
De acuerdo a información del Diario La República, uno de los más importantes del Perú, y pese a no oponer resistencia, los uniformados lanzaron gases lacrimógenos contra la población estudiantil y los supuestos marchistas que estaban ahí refugiados.
Enseguida, los policías anti motines capturaron a 205 personas a las que hicieron que se colocaran en cuclillas para luego esposarlas con las manos por detrás “y sin mayores explicaciones, como en la época de la dictadura los detenidos fueron trasladados a las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo, Seguridad del Estado y a la Dirección de Investigación Criminal”, refiere el Diario.
Dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos, declararon a las autoridades ministeriales que los uniformados se introdujeron a la Universidad de manera violenta y por demás ilegal, violando así la autonomía de la Universidad.
REACCIONA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Ante lo cruento de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino de manera casi inmediata y expresó su preocupación por la intervención policial, el desalojo y las detenciones masivas y exhortó al Estado Peruano, a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad de todas las personas, en tanto que el abogado constitucionalista Omar Cairo, señalo que, en San Marcos, el gobierno ha cometido una infracción constitucional y un agravio muy grave a los derechos humanos.
VALORARÁN LA AGRESIÓN
Por su parte el Fiscal Superior del Perú, Alfonso Barrenechea, manifestó que “La Fiscalía viene adoptando todas las medidas para verificar los fundamentos y circunstancias que rodearon el operativo” y agregó que 20 representantes del Ministerio Público se desplazaron al lugar tras las detenciones, así como su registro en las sedes policiales y evitó responder de si había sido legal el mencionado operativo y la violación a la autonomía universitaria.
