Por Redacción EV
La desaparición de siete organismos públicos es el proceso de destrucción institucional más grande que el país tenga memoria en la era moderna, dijo la senadora emecista, Alejandra Barrales, al referirse a la pretendida ratificación en el Senado mexicano para extinguir el Instituto Nacional de Transparencia y otras seis dependencias.
Como se sabe, hace días la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Esto fue enviado al Senado para su revisión y, en su caso, ratificación.
Así, pues hoy se dio a conocer que la bancada de Movimiento Ciudadano (en ka Cámara Alta) se manifestó en contra de la desaparición de los organismos constitucionales autónomos «porque dejará a la población mexicana en un estado de indefensión y sin herramientas esenciales para exigir cuentas a los gobiernos».
De acuerdo con un comunicado, durante una reunión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de este miércoles, Alejandra Barrales, vicecoordinadora de la Bancada Naranja, dijo que la desaparición de siete organismos públicos es el proceso de destrucción institucional más grande que el país tenga memoria en la era moderna, cuyo eje articulador de esta reforma es someter la vida pública y sus instituciones a la voluntad de una mayoría transitoria.
La legisladora subrayó que es falso el supuesto gasto excesivo que representan el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
“Si ese fuera realmente el criterio que los mueve a esta decisión pues no estaríamos inmersos todavía en un proceso de elección judicial que costará al erario más de 10 mil millones de pesos, cifra que es ni más ni menos que el doble del presupuesto que para 2025 se destinaría a estos siete organismos públicos que hoy se pretenden desaparecer”, comentó.
