Los migrantes que vienen de Centroamérica constituyen piezas de cacería para la delincuencia organizada en México, la que ha visto en su secuestro, productiva fuente de ingresos para traficar drogas y comprar armas.

Así fue puesto de manifiesto en el Senado de la República, donde la senadora de Morena Margarita Sánchez García, no sólo condenó estos ataques, sino que urgió a sus compañeros de la Cámara de Senadores a fortalecer los programas para la atención de migrantes e hizo un llamado a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que se coordinen con los gobiernos de los estados fronterizos del norte del país y fortalezcan de manera urgente el establecimiento de programas para la atención y cuidado de la población migrante que se ha asentado en sus territorios.

En un punto de acuerdo que inscribió en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora hace hincapié en que tal ayuda se debe extender a las comunidades migrantes que llegan de Centroamérica y a las personas que están siendo deportadas de Los Estados Unidos con el fin de proteger su integridad y sus derechos humanos.

La senadora Sánchez García puso el dedo en la llaga al señalar que se han documentado múltiples casos de secuestros de migrantes, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre los casos de secuestro contra migrantes. 

 Su personal, abundó, “detectó la reiterada incidencia de narraciones de secuestro de que son víctima los migrantes, expresada por los propios interesados, así como la insuficiente actuación de las autoridades migratorias y de las encargadas de la seguridad pública para la persecución de los delitos”.

SECUESTRO, ACTITUD DELICTIVA DE GRANDES PROPORCIONES

La legisladora del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Senado de la República subrayó que esta situación muestra claramente que la frecuencia y magnitud de ese delito contra las personas indocumentadas, implica una actividad delictiva de enormes proporciones, que representa altos ingresos a la delincuencia. 

Aseguró que el flujo migratorio de sur a norte y la aprehensión y deportación de inmigrantes de norte a sur, presenta su mayor problema en los municipios de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, a lo largo de los tres mil 152 kilómetros de frontera con Estados Unidos. 

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