*Luego de la muerte de dos empleados de empresas privadas en Acapulco
*Indispensable que en México prevalezca el estado de Derecho: Concamin

JUAN GARCÍA HEREDIA

Luego de una jornada violenta registrada el 23 de enero de 2025 en Acapulco, Guerrero, en la que murieron dos empleados de empresas privadas y otro resultó herido, el sector industrial de México exigió que las autoridades otorguen seguridad para los operadores del transporte en el país.

De acuerdo con informes difundidos, en la citada fecha un conductor de la empresa Corona, así como otro de Coca-cola y un chofer de Sigma Alimentos (FUD), fueron atacados con arma de fuego en diversos puntos de Acapulco. Se dice que dos murieron y el otro está grave en un hospital.

«Para la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), es primordial llevar los insumos necesarios para el desarrollo de la vida diaria a cada punto donde el cliente y la sociedad los requiere; sin embargo, resulta indispensable que nuestros colaboradores puedan desarrollar sus actividades de forma segura, sin temor a represalias o ataques que atenten contra su persona», señaló la agrupación.

«Ante esta situación, desde la Concamin, las cámaras y asociaciones que la conforman, condenamos y exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos en los que perdieron la vida empleados de empresas en el municipio de Acapulco, Guerrero, la tarde del jueves 23 de enero», recalcó la cúpula empresarial.

Asimismo, consideró: «Es indispensable que en México prevalezca el estado de Derecho y que las autoridades atiendan esta situación, ya que el daño va más allá de lo material, pues hemos pasado de los robos al transporte de mercancías, a la afectación directa de los colaboradores, dando como resultado la pérdida de vidas humanas, que es inadmisible».

Por lo anterior, la Concamin solicitó una reunión urgente con las secretarías de Gobernación, y de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y autoridades locales de seguridad y de procuración de justicia, puedan implementar acciones concretas de investigación que impidan que estos delitos queden impunes y para, «principalmente, garantizar la seguridad de quienes todos los días salen a distribuir los bienes que todas las familias, escuelas, hospitales y comercios en general que requieren para la vida diaria», subraya el organismo industrial.