El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, fijó un plazo de tres días para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoque al Senado de la República a que lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones, para elegir a por lo menos un comisionado, para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) pueda sesionar y llevar a cabo sus funciones con el quorum mínimo legal.
De no hacerlo, de manera automática el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila y el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, caerán en desacato y podrían ir a prisión sin derecho a fianza, ya que la Ley contempla para los servidores públicos penas de hasta nueve años de prisión a quienes no cumplan con un mandato judicial.
Por unanimidad, dicho tribunal declaró sin fundamento la queja interpuesta por el Senado de la República, contra la suspensión otorgada por la jueza federal Celina Quintero Rico, la cual había ordenado llevar a cabo el nombramiento de un comisionado del INAI, para que dicho instituto pudiera sesionar.
Se prevé que, al reanudar sesiones, el INAI pudiera hacer públicas verdaderas bombas contra el actual gobierno que hoy son celosamente resguardadas, tales como el costo real de construcción de la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el destino final que tuvieron los miles de millones de pesos de los desaparecidos fideicomisos, de los que el actual gobierno se apropió sin dar cuentas específicas, información que el INAI posee y que pudiera hacer pública por ser de interés de la nación.
