Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos aprobaron la reforma constitucional que busca fortalecer las capacidades del Estado en el sector energético y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Con 29 votos a favor y 10 en contra, los órganos legislativos dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República, para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.

El dictamen elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.

Además, precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, mencionó que la reforma constitucional “revindica el patrimonio del pueblo de México, porque los recursos naturales energéticos serán para beneficio de la gente”.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía, dijo que el objetivo del proyecto es de carácter social y pretende que las empresas públicas del Estado sirvan para beneficio de la sociedad, sobre todo en las áreas de carácter estratégico como la electricidad, el Internet y el litio.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, recordó que antes del año 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaba 63 por ciento de la electricidad, mientras que las empresas privadas el 37 por ciento, pero en la administración de Enrique Peña Nieto esto se invirtió, y en 2021 el sector privado generó 62 por ciento de la electricidad y la CFE sólo 38 por ciento.

De Morena, Beatriz Mojica Morga enfatizó que, entre otras cosas, la enmienda constitucional ayudará a “poner orden a los saqueos” de la industria de la electricidad, y servirá para llevar Internet a comunidades indígenas y afromexicanas apartadas, donde las empresas privadas no están interesadas en dar ese servicio a sus habitantes, lo que calificó como un problema de desigualdad.

Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, advirtió que esta reforma “no aborda las crisis financieras” de Petróleos Mexicanos y de la CFE, sino que les permite operar como empresas sin rentabilidad, lo que traerá pérdidas millonarias que, a su vez, impactarán en el bolsillo de los mexicanos.

Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota aseguró que la reforma genera incertidumbre para el mercado nacional e internacional, porque no se garantiza certeza legal sobre la regulación del sector, pues se les dice a los particulares “ustedes ya no vengan a invertir, porque no los vamos a dejar entrar a la producción”.

Waldo Fernández González, del PVEM, expresó que el proyecto da certeza a la soberanía energética y al desarrollo económico del país, porque impulsa un mercado eficiente de la industria eléctrica con una expansión regulada por el Estado.

Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que la mejor estrategia energética para México no es consolidar a la CFE y a Petróleos Mexicanos como actores preponderantes en el mercado, sino generar energía sostenible y permitir la competencia para que los ciudadanos accedan a servicios más baratos y limpios.

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