Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, reconoció que resulta inconstitucional el Plan B de Reforma Electoral anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) porque ello generaría en los hechos conflictos legales que paralizarían por la vía judicial cualquier intento de aplicación, toda vez que para darle legalidad al texto habría que modificar la Constitución, pues por la instrumentación de leyes secundarias resultaría inviable porque estas chocarían con lo que marca la Carta Magna.

Lo que dice el Senador Monreal es cierto, ya que tan sólo intentar reducir el presupuesto que la Federación destina al Instituto Nacional Electoral (INE) sería más que suficiente para que el Instituto haciendo valer su autonomía, recurriera a la vía del amparo con la justicia en la mano, para impedir por este medio cualquier intento de reducción a su presupuesto, amparos que además replicarían los otros organismos autónomos, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo que pondría en aprietos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de los que podría promover en su respaldo la Sociedad Civil, lo que resulta extraño es por qué no lo hicieron antes si la Constitución los respalda.

HASTA UNA TÓMBOLA QUIEREN HACER EN MORENA

Eso lo sabe bien Ignacio Mier, el hombre fuerte del Presidente en la Cámara de Diputados, quien dijo que su equipo trabaja ya en la forma en la que buscarán que el relevo de cuatro de los 11 Consejeros del INE pueda hacerse mediante una tómbola, como si fuera una kermess, estrategia que también podría generar una lluvia de amparos de ciudadanos inconformes y eso enfrentaría más que nunca al Poder Judicial con los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Además, por lo visto durante la marcha, la Sociedad Civil organizada no está dispuesta a dejarse engañar y por lo tanto estará muy pendiente de lo que ocurra en los próximos días en las Cámaras de Diputados y de Senadores, pues la Corte podría solicitar el desafuero de más de un diputado por desacato.

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