Por BLAS A. BUENDÍA
En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una propuesta de reforma judicial. Uno de los objetivos de esa propuesta es precisamente combatir la corrupción en los tres niveles de gobierno.
En la exposición de motivos explica que no se ha podido desterrar esta conducta del sistema judicial. Por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido acciones continuas que empañan el Estado de Derecho de México ante el concierto de las naciones.
Desde que MORENA conquistó el poder presidencial a través del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, el fenómeno de la kakistocracia se desató con una fogosidad que, desde los más recónditos lugares del Planeta, México es señalado como un país que cayó en la desgracia de la corrupción, promovida por un proyecto anodino denominado Cuarta Transformación, la famosa 4T, que en la praxis, se trata de la cuarta deformación.
De tal suerte que varios hechos sin precedente, uno de ellos el más delicado, la liquidación de la mínima parte de prestaciones de servicios como trabajador de gobierno en la Alcaldía Iztapalapa a cargo de Clara Brugada, a Juan Carlos Martínez, esto por sentencia bajo el expediente 175/2013 que se llevó a cabo en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), pretenden desconocer sus derechos a pesar del reciente fallo del que fue considerado a su favor.
Aunque la cantidad es irrisoria la alcaldesa de la demarcación, por cierto, cuenta con aproximadamente con 18 años de gobierno, lo que se denomina como una dictadura, ya que como se aprecia la inexistencia de un ente capaz para hacerlo, se ha burlado no sólo de la figura del trabajador del Estado sino de las órdenes de dicho TFCA, que no obedece lo decretado a través de las sentencias firmes.
La Séptima Sala del TFCA es evidentemente la existencia de colusión con el poder administración local, ya que bien pudo haber decretado se pagarán todas las prestaciones de ley; así como, la reinstalación, a pesar de haber presentado elementos suficientes que acreditan la relación laboral, el día del despido injustificado, testimonial y documental pública; sin embargo, para una autoridad llena de irregularidades no fue suficiente, y para prueba un botón, el contenido del expediente en turno.
Las autoridades hicieron lo que quisieron, las autoridades de la Séptima Sala de JFCA, desde las administraciones pasadas y que siguen en el mismo tenor de corrupción, dilación y aparente justicia, pero más bien es faltó de poder.
¡Vaya!, las ganas de resolver los miles de sentencias pendientes y por ejecutar, ¡no lo hace!, pues puede embargar cuentas, vehículos, bienes e inmuebles y no lo hace, a pesar de que es un ente jurídico de nivel federal, manipulado por el local. La disuasión es palpable, pero no perdonable.
Es por eso, que primeramente deberá haber reformas a la aplicación de las leyes como la sanción por desacato al pago de sueldos caídos, AFORES y FOVISSSTE entre otras prestaciones, de una cantidad irrisoria por desacato a una autoridad endeble, reformar leyes en materia del trabajo apegarse a lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La omisión de esos entes gubernamentales es tan aberrante, que se puede interpretar que las histriónicas expresiones del Ejecutivo en el sentido, “a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, forman parte del “léxico” anti-jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estudiosos en materia del Derecho, acusan que la ley y la autoridad no deben ser una falacia, toda vez que si ya han pasado más de 10 años de litigio y siguen sin liquidar al promovente cuando ya hay una sentencia firme, como es el caso del C. Juan Carlos Martínez Nava, sigue en la zozobra, soportante toda una serie de vejeces propiciadas por las mismas autoridades para no liquidar sus adeudos.
Y luego ante la falta de acceso a la justicia, la investigación de oficio del Consejo de la Judicatura Federal en este caso exclusivamente en lo concerniente a la Sétima Sala del TFCA, en un periodo comprendo de 2010 a la fecha, las acciones de ejercer la impartición de justicia han incurrido en toda clase de anomalías.
Acompañado a lo anterior, las autoridades tienen amenazados a cientos y miles de obreros y trabajadores de todas las profesiones, evitar presentar denuncias ante los medios masivos de comunicación, porque de lo contrario sus casos no solo se alargarían mucho más a lo establecido por propio derecho es de ejercerse, sino porque podrían ser víctimas del ultraje para soportar demandas en su contra.
Es importante destacar que está prohibido publicar cualquier información mediática contra los funcionarios públicos de esta dependencia en virtud de que tienen convenios con directivos; ahora se entiende porqué pierden siempre los litigios los Trabajadores al Servicio del Estado, o en su defecto, las sumas de liquidación o finiquitos, son mínimas.
El C. Juan Carlos Martínez Nava pidió respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación —en estos momentos históricos y cruciales en que se renovó su presidencia recayendo el cargo en la impoluta Ministra Norma Lucía Piña Hernández—, su pronta intervención porque “ya es intolerable que las autoridades laborales del país, sigan atrapadas por las mafias del poder del Ejecutivo federal, que solo dilatan las sentencias que no se cumplimentan al pie de la letra legal”.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
