Mucho es lo que se ha escrito en México acerca del acoso escolar mejor conocido como bulling, pero muy poco es lo que se ha hecho en materia legislativa en tal sentido no obstante que está plenamente demostrado que el bullying tiene consecuencias mortales y aunque duela decirlo en América Latina nuestro país ocupa el nada honroso primer lugar en acoso escolar, por lo que urgen iniciativas de Ley donde se sancione ejemplarmente a los padres de familia que toleren o promuevan tal forma de violencia en sus hijos, incluso con penas de prisión o elevadas multas de ser necesario, forma de violencia que además constituye un peligroso caldo de cultivo en la generación de futuras pandillas de adolescentes, primer paso en firme hacia la delincuencia organizada.

De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) apriximadamente el 32% de la población escolar ha sido víctima de acoso escolar, según los estudios y encuestas realizadas al respecto por las autoridades correspondientes, y pese a estos alarmentes resultados que se hicieron desde el año 2008 nada se ha hecho al respecto, razón por la cual el bullying en las escuelas primarias y secundarias del país se ha incrementado.

Por bullying muchos niños y niñas se han quedado ciegos, porque sus compañeritos les pican los ojos con afilados lápices, otros han sido golpeados brutalmente con secuelas que los han marcado de por vida y otros desafortunadamente han muerto y todo porque los maestros y maestras no prestan la debida atención a este tipo de violencia no obsante ser los principales responsables de la custodia de los niños cuando estos están dentro de la escuela.

En México se tienen documentados casos de niños que se han suicidado al haber sido víctimas de acoso escolar en sus planteles, porque ni sus padres ni sus maestros les prestaron en su momento la debida atención y claro está, cierto es que se han presentado algunas iniciativas al respecto en la Cámara de Diputados para reformar los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, pero tales iniciativas han sido demasiado tibias por no decir intrascendentes, porque las y los legisladores tienen miedo de las consecuencias pol´ticas que la lucha contra el acoso escolar pueda implicar y lo que menos desean es echarse en contra a las influyentes sociedades de padres de familia.

Por citar un ejemplo la diputada Mirna Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la Cámara de Diputados, además de lo que ya establece el artículo 73 de la Ley General de Educación, propone que las autoridades educativas, el personal docente y administrativo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección integral de las personas menores de 18 años de edad, salvaguardando su integridad física, psicológica, emocional y social, respetando en todo momento su dignidad y sus derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar deberá aplicarse en función de la edad, conforme a los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

Las autoridades educativas deberán implementar, actualizar periódicamente y hacer cumplir protocolos y mecanismos específicos para prevenir, detectar y atender el acoso escolar, entendido como cualquier conducta u omision reiterada que cause daño al educando mediante agresiones físicas, verbales, sociales, sexuales o digitales, garantizando la atención integral de todas las personas involucradas.

El personal docente y administrativo deberá estar capacitado para actuar de manera preventiva y para tomar las medidas necesarias que aseguren la protección y el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, asi mismo tienen la obligacion de proteger a los estudiantes contra toda forma de maltrato, violencia, agresión, asegurando la protección de los datos de las personas involucradas.

Propone también modificar el artículo 74 de la Ley General de Educación con lo siguiente: La Secretaría de Educación Pública, a través de la autoridad responsable, llevará a cabo estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia de la violencia, maltrato y el acoso escolar en cualquiera de sus modalidades: psicológica, física, sexual o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar, en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios, y en el desarrollo integral de todas sus potencialidades, asimismo, propondrá medidas para atender dicha problemática, con el objetivo de garantizar un entorno educativo inclusivo, respetuoso y
promotor de los derechos humanos, pero la legisladora no propone sanciones para los infractores, solo la creación de m{as burocaracia, además de que en 2008 el Instituto Nacional de Pediatría hizo un amplio estudio al respecto, de sorprendentes resulotados pero de poco o nulo efecto social y político en términos reales.

FOTO DE UNIR MÉXICO