*Fue aprobada por diputados desechando acuerdos con sindicatos
*El sector patronal unifica fuerzas en esta causa con los empleados
JUAN GARCÍAHEREDIA
Dos o tres millones de trabajadores con apoyo del sector patronal, saldrían a las calles de México para protestar contra la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aprobada hace días en la Cámara de Diputados y devuelta al Senado para discutir lo avalado por su colegisladora.
Este 5 de febrero de 2025, organizaciones sindicales y empresariales realizaron una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde rechazaron dicha legislación, al no haberse incorporado en el dictamen algunos cambios acordados durante una reunión con autoridades. En el evento, el secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo Gerardo González, dijo que las organizaciones sindicales presentes en esta reunión «estamos dispuestos a tomar las calles».
A la pregunta expresa sobre cuántos trabajadores estarían dispuestos a movilizar en las calles de México para protestar contra la reforma a la Ley del Infonavit, respondió: «Como unos dos o tres millones de trabajadores a nivel nacional».
En ese punto, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, admitió que el sector patronal apoyaría la movilización de los trabajadores. «Estamos unidos en esta causa», expuso.
En la reunión con periodistas en un hotel de Paseo de la Reforma de la capital mexicana, Rodolfo Gerardo González explicó que «antes de la discusión en el Congreso (de la Unión), las organizaciones de trabajadores y empresarios solicitamos un diálogo directo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En respuesta, fuimos recibidos por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. En dicha reunión, se acordaron puntos irreductibles que serían modificados en el dictamen final de la Cámara de Diputados; sin embargo, el 1 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas sin incorporar estos cambios acordados».
Ante ello, puntualizó: «Consideramos que las reformas aprobadas no contribuyen a fortalecer una institución emblemática de más de 50 años, que ha garantizado el acceso a la vivienda de millones de trabajadores cuyos recursos provienen de las aportaciones de los empleadores».
En base a lo expuesto por el líder sindical, es necesario revisar a fondo algunos aspectos de la citada legislación que deben mejorarse. Entre ellos mencionó: «La reforma limita la función de la Asamblea General al simple conocimiento de los planes, programas y presupuestos del Instituto, en lugar de facultarla para examinarlos y aprobarlos. Proponemos que la Asamblea General tenga una participación activa, participativa y deliberativa y apruebe todos los planes, programas y presupuestos, atendiendo a su naturaleza de ser la autoridad máxima del instituto».
En tanto, Juan José Sierra Álvarez, destacó, entre otras cosas, que la reforma elimina el requisito de que la Asamblea General (del Infonavit) apruebe el nombramiento del director general, permitiendo su designación directa por el Ejecutivo. «Esta modificación debilita el tripartismo al excluir el análisis del perfil del candidato y la participación de los sectores involucrados en el proceso. Proponemos que, de acuerdo al tripartismo paritario, la designación del director general se lleve a cabo en la Asamblea».
ACCIONES CONTRA LA REFORMA
Abundando en las acciones que tomarían en caso de ser ignorados por el Senado, Rodolfo Gerardo González dijo que están en espera de que concluya el proceso de ley en esta cámara, «y nos vamos a seguir juntando para efecto de consensuar algunas actividades que podemos llevar a cabo». Igualmente, habló de acudir a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al igual que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque hay vulneración a los derechos de los trabajadores.
