La obstinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador en destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) pasando por encima de la Constitución, se ha convertido en una enfermiza terquedad que para él ya ha tenido consecuencias jurídicas y pareciera no entender.

Aunque aún tiene presente en su memoria, que su terquedad de oponerse a una resolución del Poder Judicial de la Federación, le costó su desafuero y el puesto de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Mandatario no aprendió la lección y ahora investido con la Primera Magistratura, se enfrenta a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la acusa sin pruebas en la mano, de ser protectora de corruptos toda vez que desde su llegada “se desató una ola de resoluciones que cobijan a presuntos delincuentes”.

Estas desafortunadas palabras dichas por el Jefe del Ejecutivo que este jueves reproducen a ocho columnas varios periódicos de circulación nacional, son un reflejo de la ira del Mandatario ante la resolución del Ministro Alberto Pérez Dayan, de dar entrada a las impugnaciones de una parte del paquete de reformas a leyes secundarias de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como Plan B de Reforma Electoral, lo que neutraliza su promulgación y consecuente aplicación.

Estas desafortunadas declaraciones del Presidente de México, quien no es capaz de ocultar su odio hacia el Poder Judicial de la Federación por su amargo pasado, no vacila en enfrentarse a este poder pero la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo 41 y por lo tanto el texto es Inconstitucional, jurídicamente hablando y la Corte no hace más que acatar y ejecutar lo que dice la Carta Magna.

A diferencia del Presidente de la República, quien se graduó con niveles mínimos de aprobación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ministro Alberto Pérez Dayán, se graduó con honores como licenciado en Derecho en la Universidad La Salle.

Se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo; también se especializó en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Luego Maestría y Doctorado en Derecho en la Máxima Casa de Estudios.

Ha sido juez en Yucatán y en la Ciudad de México, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del XIV Circuito y del VIII Tribunal Colegiado en Materia Civil y es miembro activo de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.

EL EJECUTIVO PRETENDE REBLANDECER A NORMA PIÑA

Ahora con el apoyo de su mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, el Presidente López Obrador amenaza con enviar al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma para desvincular de la SCJN al Consejo de la Judicatura Federal que preside la Ministra Norma Lucía Píña Hernández en un intento por restarle fuerza al Poder Judicial de la Federación, como ahora lo intenta con el INE. Si eso no es sabotear instituciones, entonces ¿Qué Es?

Con estas represivas acciones y no es una mentira, el Presidente de la República demuestra que le tiene miedo a Norma Lucía Piña Hernández, que tiene miedo de que esta valiente mujer de intachable trayectoria judicial con la ley en la mano eche abajo su Plan B de Reforma Electoral y por eso ha instruido a sus leales en las Cámaras de Diputados y Senadores que demoren el envío del dictamen para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, para que esta no termine por acabar en el basurero de la SCJN.

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