*Son ya dos los jueces federales que ordenaron la suspensión de la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos
*Marx Arriaga podría ir a prisión hasta por nueve años, al igual que la titular de la Secretaría de Educación Pública
*El tema ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Todo parece indicar que los más de 3 mil 500 millones de pesos que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) invirtió en la impresión de 170 millones de ejemplares de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, se irán a la basura, dada la firmeza mostrada por el Poder Judicial de la Federación, para impedir continúe la distribución de dichos ejemplares plagados de errores que de ningún modo son áreas de oportunidad.
Con palabras baratas y añeja demagogia que no convence a nadie, la titular de la SEP Leticia Ramírez Amaya trata de justificar la validez de los aberrantes textos, que lejos de ilustrar a la niñez mexicana la llevarán a la confusión pues de acuerdo a las opiniones de expertos como la astrónoma Julieta Fierro, los nuevos libros de texto gratuitos no tienen ni pies ni cabeza y aunque en esta tarea está asesorada por el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, la funcionaria insiste en continuar con la distribución de dichos libros.
En su desesperación, como es su costumbre el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) quiere aprovechar su aplastante mayoría que tiende a extinguirse dados los actuales escenarios políticos y lanzar una iniciativa para imponer penas de 15 años de prisión a quien mutile o dañe de cualquier modo los nuevos Libros de Texto Gratuito, los que al parecer terminarán en el bote de la basura judicial al igual que los tres planes supuestamente democráticos con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretendió perpetuar a su partido en el poder al más viejo estilo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y eso que no son iguales.
Los magistrados Francisco García Sandoval, Abel Méndez Corona y Ricardo Olvera García, validaron los 12 amparos que se han interpuesto contra los mencionados textos, especialmente la Unión Nacional de Padres de Familia, pero la más insistente en imponer la ley ha sido la jueza Yadira Elizabeth Medina, tan es así que el asunto ha llegado como controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lo más probable es que esta termine por validar los amparos, con lo cual la distribución y entrega de los referidos libros se convertiría en ilegal.
El gobierno de la Cuarta Transformación como todo inepto es necio y no ha terminado de entender que el Poder Judicial de la Federación, es un poder autónomo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyas órdenes se deben de acatar para no convertirse en delincuentes, La Ley es la Ley les guste o no.
