*Esto propone en caso de convertirse en Fiscal Anticorrupción; es la única mujer de los 11 aspirantes a este cargo
Por Redacción EV
Desmantelar las redes de corrupción que afectan a la ciudadanía, es parte del plan de trabajo propuesto por la activista Adriana Greaves, candidata a dirigir la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México.
La codirectora de TOJIL, organización que combate la impunidad y los abusos de autoridad, compareció el 15 de enero de 2025 ante el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, durante el proceso para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción en la capital nacional. Ella es la única mujer de 11 aspirantes para esta posición.
De acuerdo con datos facilitados por TOJIL, Adriana Greaves expuso una visión clara y enfocada para transformar la Fiscalía Anticorrupción, con propuestas que reflejan su compromiso con una lucha frontal y efectiva contra la corrupción.
En primer lugar, destacó la necesidad de fortalecer el marco jurídico de la Fiscalía, cuya ley orgánica fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2020. «Este paso es esencial para proporcionar una base legal sólida que garantice la autonomía y eficiencia de la institución, la eficacia y la transparencia de sus acciones».
Por otra parte, en la presentación de su plan de trabajo se comprometió a la implementación de un protocolo para priorizar los casos que tienen un mayor impacto en la sociedad.
En su visión, una fiscalía eficaz debe enfocarse en desmantelar redes de corrupción que afectan directamente a la ciudadanía y trabajar para que los recursos recuperados sean reintegrados y las consecuencias de los actos de corrupción eliminadas en beneficio de víctimas colectivas, individuales, y de toda la ciudadanía.
En esa estrategia señaló que el enfoque central es el reconocimiento de las víctimas de la corrupción y el cumplimiento e integración de estándares internacionales, dándoles a estas el lugar que merecen dentro del proceso, asegurando el acceso a recursos legales para impulsar el aparato de justicia y permitir la mejor integración de las investigaciones y datos de prueba contribuyendo a la eficiencia de la institución. «Este reconocimiento busca no solo reparar el daño con las víctimas en el centro, sino también fortalecer la confianza en la justicia y el Estado de Derecho».
Greaves también resaltó la necesidad de redignificar los cargos de ministerios públicos y peritos -el talento interno de la Fiscalía-, mediante capacitación, profesionalización y rediseño de salas especializadas y de los roles dentro de la institución, con el objetivo de mejorar la calidad de las investigaciones y garantizar un servicio eficiente y ético.
Igualmente, destacó la firma de acuerdos de colaboración con instituciones clave, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para asegurar acceso a bases de datos bancarias y así lograr una trazabilidad del dinero que permita identificar a los beneficiarios finales de la corrupción.
Por otra parte, hizo énfasis en coordinar esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para aprovechar la inteligencia disponible, así como en emplear figuras como la extinción de dominio para recuperar activos desviados, garantizando que los bienes ilícitos, producto de hechos de corrupción, se destinen a resarcir a la sociedad.
Igualmente, propuso reforzar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, considerando que las empresas y corporaciones, especialmente aquellas que operan como entidades fantasma, juegan un papel crucial en las redes de corrupción. «Este enfoque integral busca no solo perseguir los actos de corrupción dentro del gobierno, sino también garantizar que los actores del sector privado responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones».
«ALERTADORES DE CORRUPCIÓN»
En términos de técnicas de investigación, destacó la utilidad de herramientas como las «entregas vigiladas» y otras estrategias innovadoras, que permiten obtener pruebas contundentes y proceder con mayor eficacia contra los responsables
Del mismo modo, planteó la implementación de una línea ciudadana y un programa de alertadores de corrupción, «un mecanismo que facilita la denuncia segura y confidencial, fomenta la participación de la ciudadanía y contribuye a la rendición de cuentas».