*Es un golpe al estado de derecho y a la justicia en México

JUAN GARCÍAHEREDIA

La reciente reforma a la Ley de Amparo hecha por la Cámara de Diputados es un golpe al estado de derecho y a la justicia en México, pues facilita la imposición de normas injustas sin posibilidad de que sean corregidas en favor de toda la sociedad.

Lo anterior es de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual puntualizó que esa legislación limita el alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales y se deja en estado de indefensión a millones de personas, especialmente a quienes no cuentan con recursos para costear un abogado y promover su propia demanda cuando algún derecho les sea violentado o restringido.

Cabe señalar que el 19 de febrero de 2025, la Cámara de Diputados dio a conocer la aprobación, en lo general y en lo particular, del dictamen a la minuta que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, con la finalidad de actualizarla y sistematizarla con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.

Conforme al organismo colegiado, el documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República.

En tanto, este 2 de marzo de 2025, la Coparmex se quejó de eso al tiempo de advertir que esta reforma representa un golpe más a la tutela de derechos en México. En lugar de avanzar en su progresividad y consolidar mecanismos que amplíen su alcance y eficacia, se está restringiendo su aplicación y debilitando la capacidad de protección de derechos fundamentales.

«Históricamente, el juicio de amparo ha sido un gran recurso con el que la ciudadanía puede protegerse de los abusos de poder. Gracias a este mecanismo, se han revertido decisiones arbitrarias y se han corregido normas que vulneraban derechos esenciales. Restringir sus efectos a quienes presenten un recurso individual, rompe con el principio de justicia y equidad, pues solo quienes tengan la capacidad económica de litigar podrán beneficiarse de fallos que reconozcan violaciones constitucionales», explicó el poderoso sindicato patronal.

Además, en base a la confederación, el dictamen aprobado introduce cambios que afectan la independencia del Poder Judicial. «El riesgo de que las decisiones judiciales respondan a intereses políticos en lugar de apegarse estrictamente a la Constitución, se vuelve aún más evidente», indica.

En cualquier sistema democrático, los derechos deben evolucionar en favor de su mayor reconocimiento y protección, no en sentido contrario. Lamentablemente, esta reforma no solo frena su avance, sino que lo revierte, limitando la capacidad de la ciudadanía para hacer valer sus garantías constitucionales, recalca la Coparmex.