Por BLAS A. BUENDÍA

El sentido de toda Revolución ya sea a través de una revuelta de origen social, o la propia revolución de ideas que generan reflexión pero que podrían desbordar los ánimos de sus actores que buscan urgentemente, hoy en día, reconstruir la República, contiene una relación compleja. Por una parte, se niegan mutuamente y por la otra se encuentran inevitablemente ligadas.

En materia del estado de Derecho y la cultura jurídica en México, la revolución se da cuando existe la negación del derecho por parte del Estado, más aún, sin mostrar la verticalidad inherente para concretar la paz social que el gobierno debe garantizar; sin embargo, pareciera que la actual administración —sumergida en la kakistocracia—, está más empeñada en no respetar la ley de leyes que se suscribe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el estricto orden etimológico de la revolución que es la acción política libre por excelencia que se auto-legitima, la sociedad se ve obligada y exigir justicia, respaldada en el aún orden jurídico.

Consiste precisamente en el rompimiento de un orden establecido, desde afuera del mismo. La revolución, para triunfar, debe necesariamente negar esa libertad de acción a las generaciones futuras y transformarse en un nuevo orden jurídico.

Así, el derecho surge a partir de una revolución y con fundamento en ella, pero constituye precisamente el final de la acción política libre y el comienzo de la acción política sometida como está ocurriendo actualmente y que ha conllevado a la zozobra a toda la Nación.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., al respecto, precisa que “quienes militamos en el mundo de las leyes, quizá por amor y respeto a ellas, colaboramos activamente para que las mismas sean aplicadas de manera decente”.

Si bien en el mundo de la abogacía se conoce de sobra que la ley y el poder arbitrario se encuentran en eterna confrontación, subraya que en México no existe más que una ley para todos, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual gobierna todas las leyes. “Nuestra ley no está hecha para proteger a los bribones”, aseveró.

Actualmente en la Cuarta Transformación de la Nación, la sociedad vive en una crucial deformación de nuestros ordenamientos jurídicos, “en nuestro México dichas ordenanzas parecen ser letra muerta, a muchos de nuestros gobernantes les importa nada aplicarlas”, lamentó.

Consideró que, si a lo expuesto sumamos la proclividad de ciertos Siervos de la Nación del ámbito de procuración, impartición y administración de justicia para perpetrar múltiples actos de corrupción, entonces nos encontramos frente a un fenómeno de complicadas aristas, donde la ley no se aplica.

Ante esta espiral de hecho de indefectibles e inauditas violaciones a las normas legales, de mantenerse ese “estatus”, extrañamente seguirá favoreciendo a la injusticia, impunidad e inseguridad, lo cual resulta como es de fama pública, un oprobio para nuestro México.

Estos acontecimientos contra la esencia de nuestra Constitución Republicana, no sólo son aceptables, sino que hablan mal de aquellos que inaplican la ley, los cuales hacen lo posible para que México pierda a toda costa.

NO A LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL

En ese orden, debe decirse —por ser la verdad— que a todos nos interesa poner un coto a esa definida insensibilidad política y jurídica, consistente en inaplicar la ley. Tampoco debemos de admitir bajo concepto alguno, que se sigan permitiendo los actos de corrupción en el mundo de las leyes, ya que según se sabe, ello ofende a nuestra Constitución Política y a nuestra Nación.

También deben de liquidarse de una vez por todas, los actos de nuestros gobernantes —sólo hambrientos de poder— que se abstienen de aplicar nuestros mandatos jurídicos para beneficiar a los transgresores de la ley.

Los gobernantes y autoridades de la Cuarta Transformación de la Nación, deben cambiar muy rápido de su forma de pensar e inaplicar las normas legales, a contrario sensu, si ello no lo modifican sólo tienden a fracasar.

La sociedad civil y la Abogacía Independiente de la República, deben de inconformarse y pugnar palmo a palmo en contra de los enemigos que estiman que la inaplicabilidad de la Constitución Republicana es acorde a la política de “abrazos y besos” a la delincuencia.

“Así lo esperamos. Así lo deseamos. Así lo exigimos. ¡Es cuanto!”, consideró finalmente la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el penalista Alberto Woolrich Ortiz.