Por BLAS A. BUENDÍA

De 2019 al cierre de 2022, especialistas en psicología del Poder Judicial de la Ciudad de México, a cargo del magistrado Rafael Guerra Álvarez, realizaron un total de 11 mil 391 estudios psicológicos por orden de impartidores de justicia, de las materias familiar o civil, e incluso penal, a fin de contar con un elemento sólido en la materia al momento de emitir una resolución.

Adscritos a la Subdirección de Evaluación Psicológica de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, 22 psicólogos del órgano judicial capitalino llevan a cabo los estudios en personas que son parte en un proceso legal familiar o civil, o sus hijos, y se realizan única y exclusivamente en acatamiento de instrucción recibida por el impartidor de justicia que conoce del caso.

Para magistrados y jueces familiares y civiles, contar con un estudio de la persona o las personas inmiscuidas en el proceso que determine su estado psicológico, cobra especial relevancia porque aporta un elemento de certidumbre al momento de emitir sus resoluciones sobre el caso.

Por ejemplo, en lo relativo a la materia familiar, un impartidor de justicia puede ordenar la evaluación de todos los integrantes de una familia, en casos de violencia; en ésta, se busca esclarecer los rasgos de personalidad de cada miembro, entendidos como las características psicológicas de cada uno, que se manifiestan en pensamientos o conductas, tales como la violencia, precisamente.

MUY ÚTILES PARA VERIFICAR TORTURA

Por lo que hace a la materia penal, las evaluaciones psicológicas tienen como objetivo determinar si un procesado ha sido objeto de tortura, mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, que es el instrumento para la investigación y documentación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; al igual que en las materias familiar o civil, en la penal el estudio tiene que ser ordenado por los jueces o magistrados.

En esta evaluación, los especialistas determinan el grado de coherencia entre el relato hecho por la persona que aduce haber sufrido tortura, así como otros indicios de carácter psicológico que se puedan observar y detectar al momento de la práctica.

Los profesionales de la psicología adscritos a la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial llevan a cabo su función en un marco de total imparcialidad, en aquellos asuntos que son sometidos a su ámbito, lo que apuntala su servicio como auxiliares de la administración de justicia, a cargo de los jueces y magistrados.

En 2019 se practicaron 4 mil 311 estudios psicológicos por orden de magistrados y jueces familiares, civiles y penales; en 2020, 2 mil 508; en 2021, mil 757, y en 2022, 2 mil 815.