Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, desestimó las acusaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y anunció que en la primera semana del próximo Periodo Ordinario de Sesiones se revisará el paquete de reformas a leyes secundarias de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como Plan B.
Recordó que el objetivo general de la reforma es que la democracia no represente un alto costo para los electores, ni “un gran negocio y una circunstancia de dispendio burocrático para las instituciones”.
Dijo que, en los últimos procesos electorales, el Instituto “ha abusado de sus facultades para descalificar y eliminar candidaturas por supuestos gastos excesivos de campaña”; sin embargo, acotó, no es un ente fiscalizador, pues para ello existen otras dependencias en las que se pueden denunciar estos ilícitos.
Asimismo, dijo que México vive una etapa de austeridad, lo que no representa inoperancia. En ese tenor, señaló que el INE recibe cada vez más recursos, lo cual no corresponde a la realidad que vive el país.
Ante los ojos de ciudadanos que viven en la pobreza, afirmó es traumático que la burocracia electoral vive una realidad distinta; “es un tema de justicia. Les hago un exhorto a los consejeros para que entiendan que no son una élite aristocrática que en una vida de opulencia pueden disponer de los recursos públicos con exceso”.
Mientras tanto, senadores de los partidos de oposición se alistan para secundar la batalla jurídica que habrá de emprender el INE para defender en los tribunales la estructura y funcionamiento del árbitro electoral del país.