Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los consejeros Ciro Murayama, Dania Ravel José Roberto Ruíz, Claudia Zavala y Carla Humprey, coincidieron en señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda actúan con opacidad y niegan información al INE, como en el caso Odebrecht.

Los consejeros que expresaron su opinión en sesión de Consejo General efectuada este jueves en la sede del Instituto.

Córdova Vianello aclaró que, en este caso, popularmente conocido como caso Odebrecht, igual que con otros casos connotados, el Instituto enfrenta “la negativa a colaborar, aduciendo el secreto ministerial, por parte de con las funciones fiscalizadoras de esta autoridad electoral nacional”.

En este procedimiento, destacó, “las fuentes que permitieron en su momento denunciar ante esta autoridad -el IFE todavía- aquel caso, son todas fuentes que provienen de la jurisdicción extranjera y este Instituto, a diferencia de la Fiscalía, no puede allegarse de información que es producto de investigaciones en el extranjero”.

Córdova enfatizó que, a diferencia del INE, la Fiscalía sí puede requerir, en virtud de sus atribuciones y de los convenios internacionales en la materia, información a otras autoridades extranjeras, “como es el caso precisamente de la autoridad que en Brasil, en la década pasada, evidenció los casos de corrupción de Odebrecht. Me refiero al Tribunal Superior Federal”.

Por lo tanto, insistió el Presidente del INE, la única ruta que tiene el Instituto para allegarse información indispensable para conocer el fondo de este asunto, es a través de la Fiscalía General de la República y partir de la información de la que dispone.

“El problema es que no ha colaborado con el Instituto y ha interpuesto recursos jurídicos ante la Suprema Corte para evitar que este Instituto se allegue de información”, argumentó Córdova.

Además, hizo votos porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el punto, en definitiva. “Ojalá los partidos políticos frente a la resolución que tomemos hoy presenten recursos, para que el Tribunal le dé facultades a esta autoridad para continuar y resolver el fondo del caso”, concluyó.

CASO ODEBRETCH SE DEBE CONOCER A FONDO

Al respecto, el Consejero Ciro Murayama lamentó que a pesar de que la posibilidad de trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal ya está en la Constitución, este asunto “está detenido en la Corte y no podemos saber qué hay”.

“La verdad es que hemos enfrentado una actitud de muy poca colaboración, de opacidad por parte de la Fiscalía General de la República y yo espero que se pueda conocer el fondo del caso Odebrecht sin obstáculos políticos de la Fiscalía”, recalcó.

DEMORA PUEDE CAUSAR LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

En ronda en lo general, la Consejera Carla Humphrey advirtió que la demora en la resolución de procedimientos sancionadores de fiscalización puede llegar a comprometer la adecuada investigación o, en el peor de los casos, “se podría llegar a actualizar la prescripción de la facultad investigadora y sancionadora de esta autoridad”.

Por lo anterior, llamó a realizar una revisión exhaustiva y pormenorizada de la normatividad y de la forma de trabajo al interior de la Unidad Técnica de Fiscalización. Respecto al caso relacionado con la denuncia contra la otrora Coalición “Compromiso por México”, calificó como clara la obstaculización de distintas autoridades, en particular de la Fiscalía General de la República, pero también de diversas autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que se le hizo un requerimiento que simple y sencillamente no ha contestado, “ya que si su Titular en lugar de estar haciendo reformas electorales, estuviera cumpliendo con las atribuciones que le competen a la UIF, probablemente se podría tener información adecuada para solventar los procedimientos en materia de fiscalización”.

FGR NIEGA INFORMACIÓN EN FORMA SISTEMÁTICA

Sobre el procedimiento derivado del llamado caso Odebrecht, la Consejera Dania Ravel refirió que la Fiscalía General de la República se niega de forma sistemática a proporcionar información, específicamente respecto a tres carpetas de investigación que tienen abiertas y que están íntimamente relacionadas con este asunto.

“Sin duda, la Fiscalía tiene la responsabilidad, en términos generales, de proteger la confidencialidad de las investigaciones que realiza, sin embargo, en este caso el Instituto Nacional Electoral es una autoridad constitucionalmente facultada para llevar a cabo investigaciones inherentes a los recursos de los partidos políticos, por lo que debería de existir una cooperación entre las autoridades del Estado mexicano”, sustentó.

NOTORIA FALTA DE COLABORACIÓN MINISTERIAL

“Lamentablemente estamos en una situación en la que la falta de colaboración de las autoridades ministeriales nos impide analizar con mayor profundidad el asunto”, mencionó la Consejera Claudia Zavala.

En este caso de relevancia nacional e internacional, subrayó, se opone un secreto a pesar de que ya en el camino del Estado de derecho quedó claro que es una decisión de la autoridad electoral máxima en este tema, como es el Tribunal Electoral; se llega a una conclusión determinada por la falta de cumplimiento de una sentencia y “porque no nos fueron otorgados los datos para poder analizar” de manera integral.

INE CUMPLE SUS FUNCIONES FISCALIZADORAS

El INE ha actuado de manera oportuna y eficaz en todos aquellos casos donde depende del Instituto llevar a cabo la investigación”, señaló la Consejera Adriana Favela.

Sin embargo, explicó que la institución fiscalizadora enfrenta problemas cuando se plantean asuntos donde la investigación corresponde a una instancia ministerial y depende de lo que ésta haga, de los elementos que recabe y de cómo avanza en el procedimiento para tener cierta información, a fin de que la autoridad electoral pueda integrar el expediente para llegar a una determinación.