En los últimos años, la violencia de género con ácido u otras sustancias corrosivas ha generado mayor visibilidad debido a los casos que se han salido a luz pública, causando gran indignación en diversos sectores de la sociedad mexicana, se advierte en un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
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Según el documento, titulado “Violencia de género con ácido: Una de las manifestaciones más crueles del machismo en México”, elaborada por la investigadora Irma Kánter Coronel, señala que durante los últimos años, se han aprobado diversas reformas para reconocer y tipificar a la violencia ácida, sin embargo, en muchas entidades aún se considera como lesiones simples que se castiga con muy pocos años de prisión.
El estudio refiere que actualmente 13 estados del país (Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) no se encuentra tipificado el delito de agresiones inferidas con ácidos u otras sustancias químicas o corrosivas, lo que lo que impide el acceso de las mujeres sobrevivientes a la justicia, que los agresores sean sancionados y la reparación del daño ocasionado.
Agrega que en siete entidades (Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo) se considera como “delito neutro”, es decir sin tomar en cuenta que se trata de un tipo de violencia de género.
En Chihuahua y Colima las agresiones con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se tipifican como lesiones calificadas, mientras que Jalisco tipifica como delito autónomo las lesiones con ácido, sustancias químicas corrosivas o cáusticas.
En los estados de Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, las agresiones con ácido, sustancias químicas o corrosivas se consideran como agravante del delito autónomo de “lesiones cometidas contra una mujer en razón de su género”.
Asimismo, destaca que cuatro entidades (Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México) han tipificado las agresiones con ácido u otra sustancia química o corrosiva como delito autónomo, bajo la figura de “violencia ácida”, con el impulso de la llamada Ley Malena.
La investigación del IBD destaca que el primer caso de ataques con ácido del que se tiene noticia en nuestro país ocurrió el 9 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México.
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