La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como FDA, publicó hoy cartas de advertencia a cinco empresas por vender de manera ilegal productos alimenticios que contienen Cannabidiol, uno de los componentes básicos de la marihuana.
El organismo regulador de los productos sanitarios que se comercializan en el país de las barras y las estrellas advierte que estas empresas venden productos que contienen CBD que las personas pueden confundir con alimentos o bebidas tradicionales, lo que puede resultar en un consumo no intencional o un consumo excesivo de CBD. Los productos que contienen CBD en formas que son atractivas para los niños, como gomitas, caramelos duros y galletas, son especialmente preocupantes.
El uso de CBD plantea problemas de seguridad, especialmente con el uso a largo plazo. Los riesgos incluyen lesión hepática, daño al sistema reproductivo masculino y efectos secundarios, como cambios en el estado de alerta y otros síntomas.
La FDA no ha encontrado información adecuada que muestre cuánto CBD se puede consumir y durante cuánto tiempo antes de causar daño. Esto es particularmente cierto para las poblaciones vulnerables como los niños y las mujeres embarazadas, por lo que las personas deben ser conscientes de los riesgos potenciales asociados con el uso de productos de CBD. Los expertos de la FDA comentaron sobre las preocupaciones de la agencia sobre la adición de CBD a los alimentos y sobre la información que quieren que los consumidores sepan
Las cartas de advertencia de hoy también describen violaciones adicionales de la Ley FD&C, incluido que varias de las compañías están vendiendo ilegalmente productos de CBD no aprobados que afirman curar, mitigar, tratar o prevenir varias enfermedades, y agregar CBD a alimentos para animales, como golosinas para mascotas.
LAS EMPRESAS ADVERTIDAS
Las empresas que recibieron cartas de advertencia son: 11-11-11 Brands, Naturally Infused LLC, New Here INC, Infusionz LLC, y CBD American Shaman.
La FDA ha solicitado respuestas de las empresas dentro de los 15 días hábiles indicando cómo abordarán los problemas descritos en las cartas de advertencia o brindando su razonamiento e información de respaldo sobre por qué creen que los productos no infringen la ley. Si no se abordan adecuadamente las infracciones con prontitud, se pueden iniciar acciones legales, incluida la incautación del producto y/o una orden judicial.
