*Es una iniciativa en la Cámara de Diputados; urgente frenar este mercado negro
*En la capital del país y Estado de México grupos la venden en pipas clandestinas

Por Redacción EV

Piden en la Cámara de Diputados mexicana reformar el Código Penal Federal para establecer hasta 12 años de prisión a quien robe agua potable para distribuirla a través de pipas u otros medios de almacenamiento, a fin de obtener un beneficio económico.

El diputado petista Emilio Manzanilla Téllez, planteó reformar ese código para sancionar de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cometa el delito de robar, explotar, sustraer, transportar o comercializar agua potable alterando la infraestructura hidráulica nacional autorizada, sin el título respectivo que las leyes aplicables establecen. Asimismo, a quien realice una perforación subterránea para sustraer aguas nacionales, sin la concesión respectiva que la norma oficial determina.

«Cuando el robo sea cometido con el fin de distribuir o suministrar el agua potable a través de pipas u otros medios de almacenamiento, para obtener beneficio económico, se sancionará con una pena de seis a 12 años de prisión y de 200 a dos mil días conforme a la UMA. Y si las conductas ilícitas son cometidas por personas servidoras públicas, la pena se incrementará el doble», agrega.

La iniciativa, que se analiza en la Comisión de Justicia, considera que la tipificación de estas conductas como delitos en el citado Código es una medida urgente y necesaria para proteger a la ciudadanía, garantizar una distribución justa del agua, y asegurar la conservación de los recursos hídricos para futuras generaciones.

Menciona que la práctica de robo de este líquido y su venta clandestina a través de pipas afectan su acceso en diversas zonas del país, e incrementa la desigualdad en el suministro, lo que genera mercados ilegales y precios exorbitantes.

Los factores que agravan esta situación son el robo de agua mediante conexiones ilegales a las redes públicas de distribución, así como la venta clandestina por pipas que extraen el recurso de manera ilegal de pozos o cuerpos de agua públicos. Estas prácticas violan los derechos de la ciudadanía y generan un mercado negro que afecta a las comunidades más vulnerables, precisa.

Señala que en zonas urbanas como la Ciudad de México y el Estado de México, la demanda por parte de la población es aprovechada por grupos que extraen agua de pozos ilegales para venderla en pipas clandestinas.

«Las pipas clandestinas pueden llegar a vender el agua a precios que oscilan entre 800 y 2 mil pesos por tanque, lo cual representa una violación del derecho al acceso equitativo y justo de este recurso», puntualiza.