La democracia peligra seriamente cuando las elecciones y sus actores centrales: ciudadanía, candidaturas y partidos, se ven amenazados por la violencia y la inseguridad, problemas que sólo se pueden resolver desde la corresponsabilidad señaló el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

La paradoja, dijo, es que a pesar de que desde hace varios años el país ha alcanzado una vida democrática plena en materia electoral, “aún no ha logrado construir, como sociedad, las condiciones necesarias para la paz, para controlar la violencia criminal y la inseguridad”.

Al participar en la presentación de las Recomendaciones para la seguridad de los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México 2023, que se desprenden de la investigación del Seminario Violencia y Paz de El Colegio de México sobre el asesinato de candidatas y candidatos en el proceso electoral 2020-2021, el Presidente del INE secundó lo que el estudio transmite claramente:

“La única forma de entender y resolver el problema de la violencia y la inseguridad que padecen las candidaturas en las elecciones, es partiendo de la corresponsabilidad de todas las instituciones y de todos los actores, pero siempre respetuosos de las atribuciones y funciones que tiene cada uno de ellos.  No se trata de lavarse las manos, se trata de asumir que tenemos un problema grave, que si se sigue menospreciando puede acabarnos desbordando y volver nuestra convivencia democrática en una quimera o membrete”, estableció.

Ante la Presidenta de El Colegio de México (COLMEX), Silvia Elena Giorguli Saucedo; el Coordinador General del Seminario Violencia y Paz y profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales (CEI), Sergio Aguayo; la Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido; el Secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis y el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) Rodrigo Germán Paredes Lozano; Lorenzo Córdova mencionó que el estudio aborda uno de los temas de mayor urgencia para la vida pública democrática en la actualidad: la inseguridad y la violencia criminal.

PROBLEMA INTEGRAL QUE REQUIERE UNA ESTRATEGIA DE ESTADO

Lorenzo Córdova refirió que estos fenómenos sociales no son exclusivos de quienes buscan el sufragio popular para alcanzar una posición de responsabilidad pública, sus afectaciones se enmarcan en un contexto mucho más amplio de inseguridad y violencia que impacta amplias capas de la sociedad mexicana y que ha venido erosionando la convivencia cívica desde hace varias décadas, diluyendo el tejido social que es indispensable para toda convivencia democrática.

“El fenómeno de la violencia, si bien puede tener énfasis particulares como el estudio revela en el ámbito electoral, es un fenómeno de mucho mayor alcance y que tiene que ser enfrentado con una estrategia literalmente de Estado y no solamente centrada por los operadores electorales o los responsables de garantizar la seguridad exclusivamente durante los procesos electorales”, puntualizó.

No es lavarse las manos, añadió, pues la autoridad electoral no es la encargada de elaborar mapas de riesgo ni de brindar la seguridad de las y los candidatos. Se trata, indicó, de “deslindar responsabilidades y entender que este es un fenómeno que solamente se puede enfrentar de manera colectiva, como justamente el estudio señala”. 

Consideró que el primer filtro debería venir precisamente de los propios partidos políticos, con el fin de identificar casos y factores de riesgo en la selección de sus aspirantes y el registro interno de candidaturas.

“Es decir, al final del día, que un candidato que tenga algún tipo de vínculo criminal, no es una responsabilidad de la autoridad electoral, es una responsabilidad en primera instancia de quien lo postula”.

El Presidente del INE advirtió que los partidos políticos, al igual que los órganos encargados de la seguridad deben cuidar no utilizar su actuación para tratar de incidir en la contienda política, al interior de las fuerzas políticas o descalificando y cribando candidatos.

“El combate a la violencia en la política en una democracia debe ser, en consecuencia, lo menos intrusivo y lesivo con los propios derechos que están en juego y no pueden convertirse en un pretexto para alterar la lógica del funcionamiento mismo de la democracia”.

Córdova Vianello consideró que “la violencia verbal es la antesala de la violencia física y ésta es la negación de la democracia”, por lo que la recomendación de moderar el discurso debe ser ampliada a otros sectores que participan en la vida política como los gobiernos y los medios de comunicación.

En suma, subrayó, “el problema de la violencia es un problema integral y, por lo tanto, no hay un único responsable, pero al ser muchos los responsables, tampoco ninguno de ellos puede lavarse las manos”.

DISMINUIR LOS RIESGOS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS

Al presentar el estudio, el investigador Manuel Pérez Aguirre destacó que se parte que la violencia es un problema creciente en México que altera la calidad de las elecciones, como sucedió en el proceso electoral 2020-2021, en el que se contabilizaron arriba de mil agresiones a políticos y 102 asesinados.

El objetivo, especificó, es “disminuir los riesgos asumidos por las candidatas y los candidatos a cargos de elección popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México en 2023”, por lo que recomienda a las candidaturas acercarse a sus partidos políticos, a las instituciones de seguridad y a las autoridades electorales, a fin de solicitar información sobre la situación de seguridad.

A los partidos políticos, poner atención en la selección de candidaturas, realizar análisis de riesgo personal, conocer los antecedentes de las y los posibles candidatos, establecer un periodo de registro o sondeo previo al inicio de los procesos de selección, moderar la belicosidad de los discursos políticos y considerar el establecimiento en el código tipo penal del “homicidio por motivaciones políticas”.

Y a las autoridades electorales, colaborar con las de gobierno para determinar las medidas de seguridad que se otorguen a quienes participen en los procesos electorales sin importar su condición política. Finalmente, recomendó a los medios de comunicación que realicen coberturas lo más efectivas posibles, siguiendo las recomendaciones de la Carta mundial de ética para periodistas.