Por BLAS A. BUENDÍA

Un Estado fallido es un gobierno que se ha vuelto incapaz de proporcionar las funciones y responsabilidades básicas de una nación soberana, como la defensa militar, la aplicación de la ley, la justicia, la educación o la estabilidad económica.

Antiguamente, en allende de la soledad, las características comunes de los estados fallidos incluyen la violencia civil en curso, la corrupción, el crimen, la pobreza, el analfabetismo y la infraestructura en ruinas.

Incluso, si un estado funciona correctamente, puede fracasar si pierde credibilidad y la confianza de la gente, y en este garlito, pese a la figura presidencial, el gobierno fallido que encabeza el político rebelde Andrés Manuel López Obrador, tiende ir más allá: “Conlleva una peligrosa dosis de mantener una administración que elocuentemente estallaría en cualquier momento, como una revuelta social”.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., al respecto, indica que, en esta mal llamada y desenfocada Cuarta Transformación de la Nación, donde se han constituido varios conjuntos de poderes, reconocidos o no, tolerados o impuestos, no han faltado jueces y fiscales que con un fervor apostólico se dedican a defender a las fuerzas creadoras y reguladoras del neoliberalismo.

Esas togas de indignidad —destaca— sólo buscan encubrirse para obtener puestos de relevancia jurídica y política, casi por tiempo ilimitado; se consagran sin disimulo a actuar como auténticos propulsores del sistema que originó la inserción de la corrupción y marcó una mala política en las instituciones de justicia mexicana, hasta el punto de considerase merecedores y merecedoras de medallas selectas por evitar con su incorrecto actuar se conozca el trasfondo de la corrupción y la narco-política.

Así, el tristemente célebre Alejandro Gertz Manero, Fiscal a modo del neoliberalismo y de la ruinosa y escuálida Cuarta Transformación de la República, “se ha convertido en un auténtico defensor de la corrupción y la delincuencia, al que por supuesto nadie le puede enseñar de cómo mejor proteger con sus omisiones a los infractores de la ley que pretendieron y aún pretenden destruir a las instituciones republicanas de México”.

Y acusa: “De forma muy conmovedora, aunque no menos indigna, Alejandro Gertz Manero se ha dedicado a brindarle impunidad a muchos forajidos del derecho que laceran y debilitan las más férreas instituciones de procuración e impartición de justicia con las que contaba México”.

Explica que el referido e impactante problema jurídico político es, hoy por hoy, el tema de corrupción e inseguridad que día con día desluce a México.

Es decir, las víctimas de todo ello con férrea entereza persiguen que se les obsequie una justicia plena a consecuencia de aberrantes delitos, que en su momento, fueron cometidos en perjuicio de sus intereses, patrimonios, personas, familias, afectos, posesiones y propiedades por los infractores de la ley, que forman parte de los cárteles delincuenciales.

Pues bien —asienta la mencionada Academia— en la Cuarta Transformación de la Nación, son múltiples víctimas que esperan ver el resplandor de la vetusta y enigmática figura a la que de manera incisiva la Fiscalía General de la República le ha dado el nombre de “Justicia”, que presumen cumplir pero en los hechos cometen perjurio con sus sistémicas omisiones.

Sentencia: “Múltiples togas honorables del entorno de procuración e impartición de justicia, se avergüenzan de los relatados asertos, que han permitido con evidente violación de nuestro Pacto Federal, eternizar la impunidad, investigaciones y pesquisas para encontrar la verdad.

“Andrés Manuel López Obrador no se percata, ni se quiere percatar, que se encuentra en juego el prestigio de México en el Concierto de las Naciones; porque si bien el dolor de la Nación y la integridad de la Justicia, son pan de cada día, para el Ejecutivo federal lo único que vale es seguir excitando sus ambiciones políticas y aumentando sus pretensiones de poder, sin pensar en nuestra Nación y nuestra Justicia”, subrayó.

“Es cuanto”, puntualizó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz.

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Como colofón, la violencia en México ha hecho del crimen organizado un fenómeno emergente que a pesar de integrarse a la agenda de gobierno, éste incurre en la omisión sistémica. El vínculo que existe entre una y otro ha incrementado la gravedad del problema, asimismo favorecido por los nexos de las organizaciones criminales con pandillas, las cuales ejercen una violencia más irracional —expresada en ejecuciones, torturas y masacres—, y por la presencia de grupos armados más profesionales provenientes de la deserción de los ejércitos de México o de otros países y que son capaces de enfrentar las fuerzas armadas del Estado.

De acuerdo con Phil Williams, apasionado por el periodismo de investigación, señala que las características de la violencia en México son: un mayor profesionalismo de los brazos armados de los cárteles; la intimidación a través de la tortura y las decapitaciones; el uso de armamento más sofisticado, capaz de responder a las fuerzas armadas constitucionales y superar las capacidades de la policía; el ataque a oficiales públicos, particularmente integrantes de los cuerpos policiacos de los diferentes órdenes de gobierno; y el asesinato de civiles inocentes, producto de los fuegos cruzados entre los propios grupos criminales, donde lastimosamente el presidente Obrador, sigue sin hacer nada por combatir este flagelo.