Por BLAS A. BUENDÍA
En ningún momento se va a desistir de las denuncias que se presenten contra autoridades mexicanas, ya sea locales o federales, pues, en algún momento tendrán que cambiar sus actitudes antiprofesionales, omisas y dilatorias, lo que quiere decir que esto se convierte en un movimiento social permanente a favor de las víctimas u ofendidos del delito que se encuentran desprotegidas, más aún las personas re victimizadas por el ente jurídico gubernamental, dijo el luchador social, abogado y periodista Juan Carlos Martínez Nava.
Explica que casi toda la vida se ha luchado para que autoridades hagan su trabajo que gozan de un salario que contiene todas las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Contratos Colectivos, así como Leyes y reglamentos a su favor, pero cómo hacer que realicen su encargo laboral, si cuentan con estudios, práctica, poder y relaciones públicas íntimas; entre sí, dejando fuera en últimos términos la labor del pueblo que les ha encomendado.
No estaba errado Luis Buñuel con la cinta “Los Olvidados”, toda vez que el rostro no ha cambiado mucho a través de los años porque ahora, esos son las víctimas del delito, no sólo por parte del Estado sino de la delincuencia del fuero común y el federal. Efectivamente, existe una Ley, pero de poco sirve si nadie la respeta; sin embargo, no hay para Re Victimas o Re Ofendidos del Doble Delito.
“Nuevos Los Olvidados” por el Estado son por diversos factores, una de ellas, por causas de pobreza, más cuando se ha pasado una epidemia mortal que ha dejado a millones de personas en el mundo en estado de indefensión y sobre todo con secuelas de salud; esto, no le interesa al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia no sólo de la Ciudad de México (con excepciones contadas con los dedos), un Instituto de la Vivienda lleno de irregularidades por décadas, pues nadie ha investigado el conflicto de intereses entre estas instituciones la Secretaría de Seguridad Ciudadana y grupos de choque dedicadas al robo de bienes muebles e inmuebles.
Tal es el caso de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, encontrados sin vida en la colonia Roma de la Ciudad de México, suceso registrado el 18 de diciembre de 2022, el principal móvil el despojo de la bella mansión, que, por cierto, ahora se sabe que las víctimas de este caso pudieron estar conviviendo a diario por más de siete meses con sus posibles asesinos, mientras que los detenidos por el caso ya fueron vinculados a proceso.
Que decir de la Popular casa de campaña que habitó el presidente de la República en la calle de Chihuahua 2016, colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, principalmente despojado por Grupo la Nueva Tenochtitlan con oficinas en la calle de Querétaro número 72, en la misma colonia, posteriormente argumentado que se pagaba renta a la famosa cantante Alejandra Avalos, quien al recuperar el inmueble no le restó decir que se le adeudaban rentas y diversos servicios por más de dos años, lo cual quiere decir que un cúmulo de personas desleales intentaron engañar al mandatario para que se apoderara de su poder despojar no sólo este inmueble sino dando autorización para efectuarlo en todo el país.
Que se puede esperar un simple mortal que después de denunciar despojos desde hace nueve años, sin dejar de investigar y promover ante diversos Ministerios Públicos como el caso del inmueble de Doctor Río de la Loza 234, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc dela capital de la república, con base en la vieja Averiguación Previa número FCH/CUH-8/T1/01102/14-03 radicada ante el Agente del Ministerio Público, de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, Agencia Investigadora del MP: Cuh-8, Unidad de Investigación no. 1, Sin Detenido, Primer Turno por diversos delitos.
Que después de denunciar a las autoridades con antelación mencionadas no se ha dejado de acatar al también periodista Juan Carlos Martínez Nava y su familia, de una forma u otra, de manera omisión o por acción directa tal como se acredita con la Carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/988/03- 2017 y su ACUMULADA: CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/1519/05-2017, por los delitos de abuso de autoridad, ejerciendo violencia, vejaciones e insultos, robo calificado con violencia, y otros, ante la titular de la unidad sin detenido b-5, Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Agencia Investigadora del MP: B, Unidad de Investigación: B-3, que, por cierto, ya se encuentra siendo analizada por Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de esta ciudad y un grupo especializado en la materia.
Qué decir de la actuación de la Séptima Sala Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) en contubernio con la dictatorial actitud de Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, al negarse a pagar prestaciones de ley a Trabajadores al Servicio del Estado dictadas en sentencia en el expediente 175/2013, de entre el de la voz versus Gobierno de la Ciudad de México, que por cierto debería pagar daños y perjuicios, ambas partes; primero por la falta de imposición de una autoridad, endeble por la dilación.
Ahora se comprende el por qué el trabajador al servicio del estado es nulo ganar un juicio o en su defecto solo unas misérrimas cuantas prestaciones y por si fuera poco ganar dilación del procedimiento o de los pagos.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
