La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Delegación Ciudad de México (CDMX) externó su preocupación ante las iniciativas de reforma administrativa que se cocinan en la Cámara de Diputados.
Advierte que de prosperar provocaría una andanada de expropiaciones que ahuyentarían la llegada de nuevos flujos de capitales en inversiones.
Precisa que dicha iniciativa de Reforma Administrativa enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo federal el pasado 28 de marzo, de concretarse, sería el más duro golpe a la empresa privada nacional e internacional que gobierno alguno haya impulsado en los últimos años.
De concretarse el referido proyecto de ley no sólo minarán la economía y finanzas de nuestro país, sino que evitarán la llegada a México de grandes capitales de inversión nacional y extranjera por la incertidumbre jurídica que tales modificaciones legales pretenden, anulando la oportunidad de prosperidad que el circunstancial fenómeno del nearshoring nos presenta por nuestra estratégica vecindad con el país más consumidor del planeta.
Perjudican la seguridad jurídica
La serie de reformas que han perjudicado a la seguridad jurídica de las empresas ha desmotivado la Inversión Extranjera Directa y de acuerdo con datos del propio Gobierno Federal, en 2018 se recibieron 4,700 millones de dólares para la generación y distribución de energía eléctrica; el año pasado solamente 820 millones de dólares (menos de la quinta parte).
Igualmente pasa en el sector de extracción de petróleo y gas: en 2018 se recibieron casi 800 millones de dólares, el año pasado solo 190 millones, menos de la cuarta parte. Y en materia de Telecomunicaciones, mientras en 2018 se recibieron 939 millones de dólares, el año pasado ocurrió una desinversión (las empresas sacaron su inversión en el país) de 1, 092 millones de dólares.
La iniciativa presidencial se justifica al señalar que con ella se pretende dotar al sector público de herramientas jurídicas que le permitan actuar oportunamente en la provisión de servicios públicos y resguardar los intereses de la nación.
Sin embargo, tal discrecionalidad, abriría la puerta a corrupción y abusos que ya hubo en el pasado cuando se busca reforzar la contratación de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, mediante la inclusión obligatoria de la llamada “cláusula exorbitante”, al establecer límites claros para la procedencia y cuantificación de las indemnizaciones que legítimamente procedan, y al permitir la adquisición de bienes en el mercado internacional cuando éste ofrezca mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el estado, entre otras modificaciones planteadas.
