*La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron las leyes secundarias en esa materia
JUAN GARCÍAHEREDIA
Las leyes secundarias de la reforma energética, aprobadas este 12 de marzo de 2025 por la mayoría en la Cámara de Diputados, son un retroceso para el sector, afectan la competitividad, limitan la inversión y ponen en riesgo el bienestar de la población.
Lo anterior es según informes del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Calzada Mercado, quien expresó su rechazo al dictamen «porque son reformas al vapor, sin análisis de la Cámara de Diputados; son un retroceso para el sector, afectan la competitividad, limitan la inversión, ponen en riesgo el bienestar de la población, y no se fortalece la soberanía energética, sino que concentra el poder en manos del Estado y del gobierno».
Sin embargo, en lo general y en lo particular, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide ocho nuevas leyes y modifica dos normativas existentes, sobre el nuevo marco jurídico para las actividades de transición energética y sectores eléctrico y de hidrocarburo. Se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Información cameral explica que el texto, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, busca establecer el marco jurídico nacional en materia energética, consolidar la soberanía energética, reducir la dependencia del sector privado y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado para Petróleos Mexicanos; las leyes de los sectores Eléctrico y de Hidrocarburos, de Planeación y Transición Energética, de Biocombustibles, Geotermia y de la Comisión Nacional de Energía; asimismo, reforma disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Según datos de la Cámara de Diputados, el propósito es fortalecer a las empresas públicas del Estado, dar orden y certeza a los agentes privados, aumentar la capacidad de seguimiento de los participantes, mejorar la regulación desde un enfoque técnico, fortalecer la trazabilidad en los procesos y dar un marco jurídico claro a las actividades de transición energética, así como a los sectores eléctrico y de hidrocarburos. De igual modo, recuperar el control del sector energético, priorizando la seguridad energética nacional, el bienestar de la población y la sustentabilidad de los recursos.
Sin embargo, la diputada panista María Angélica Granados Trespalacios se pronunció en contra de la reforma energética, pues no solo es un retroceso sino una amenaza a la competitividad del país, al bolsillo de las familias y al futuro de la economía.
